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"Han hecho lo que han querido con nosotros porque somos pobres": el pueblo de Perú al que el Vaticano pidió perdón de rodillas por el despojo de tierras atribuido al Sodalicio
De rodillas. Con este gesto inusual representantes de la iglesia católica pidieron perdón el sábado 23 de mayo a las comunidades campesinas herederas del pueblo indígena Tallán en Perú.
Los comuneros habían denunciado durante años el despojo de sus tierras por parte de privados, incluyendo a entidades que estuvieron asociadas a la labor religiosa del Sodalicio de Vida Cristiana, la agrupación ultraconservadora fundada en 1971 por Fernando Figari y que fue suprimida por orden del papa Francisco en abril de 2025.
La decisión del fallecido pontífice se dio luego de la investigación sobre las denuncias por abusos sexuales y corrupción que enfrentaba el Sodalicio en el país sudamericano.
El Vaticano designó a monseñor Jordi Bertomeu como su enviado especial para conducir la fase de disolución de la agrupación en Perú. Ese proceso implica, entre otras cosas, ejecutar su supresión conforme al derecho canónico y determinar el destino de su patrimonio.
"Estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la iglesia. Hemos llegado tarde, tendríamos que haber llegado hace 20 años, y lo sentimos de verdad", dijo Bertomeu en la misa de mayo pasado.
Las disculpas fueron un gesto simbólico con el que el Vaticano buscaba reparar a los miembros de la Comunidad San Juan Bautista de Catacaos por lo que denuncian como una presunta apropiación irregular de sus tierras.
En conversación con BBC Mundo, Bertomeu dijo que fue un momento emotivo en que sintió un peso histórico sobre sus hombros.
"Conmovía estar junto a una representación de las autoridades eclesiales del Perú de rodillas frente a aquella gente tan pobre, que nunca han tenido el apoyo institucional de nadie", afirmó.
"Sentí pena por haber llegado veinte años tarde y sobre todo vergüenza por lo que gente de iglesia a veces ha hecho y no ha querido asumir... El Sodalicio ha sido una estructura abusiva que Francisco suprimió por el bien de las víctimas. León XIV quiere que aprendamos del error, porque esto no puede volver a repetirse", agregó.
Sosteniendo flores blancas, miembros de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos presenciaron el gesto que calificaron como un acto de justicia.
"Son ángeles enviados por Dios para escuchar las voces de nuestros comuneros, que hemos pedido a gritos auxilio y justicia", afirmó Percy Maza, comunero que denuncia haber sido perseguido y criminalizado por defender su tierra.
"Han hecho lo que han querido con nosotros porque somos pobres, somos del campo, no conocemos las leyes", dijo Paula Sandoval, de 58 años y madre de Percy Maza.
"Que los padrecitos, desde tan lejos, hayan venido a pedirnos perdón a nosotros nos conmovió. Gracias a Dios ha llegado la justicia divina", agregó a BBC Mundo.
Una transferencia cuestionada
Comuneros, abogados y periodistas que han investigado el caso dicen a BBC Mundo que el presunto despojo de las tierras de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos se remonta a 1998.
Sus derechos territoriales, según reclaman sus miembros, devienen de reconocimientos comunales de la época del Virreinato del Perú e incluso precoloniales.
Ellos aluden a que los predios les pertenecían como herederos de los Tallán, considerado uno de los pueblos originarios más antiguos del norte de Perú.
En el recurso de amparo que la comunidad presentó ante el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Piura en febrero de 2025, y que fue declarado improcedente en marzo pasado sin resolverse el fondo, los comuneros relatan que el 18 de diciembre de 1998 parte de esos territorios fueron transferidos en un proceso que califican como "fraudulento".
En la misma acción judicial denuncian que, mediante una supuesta asamblea, parte de la comunidad habría decidido transferir casi 10.000 hectáreas de sus tierras a favor de 100 de sus miembros, instancia que -según el mismo recurso de amparo- no se habría ajustado a las normas legales.
El acta de Acuerdo de Adjudicación y Transferencia de los terrenos que supuestamente se definió en esa asamblea, fue inscrita luego en los Registros Públicos oficiales en favor de ese centenar de comuneros. Y, es precisamente la nulidad de esa inscripción la que pide la comunidad en su recurso de amparo como primera acción para su objetivo final: que la titularidad de los territorios sea restituida a los comuneros indígenas.
"Se transfirieron 9.985,25 hectáreas (...), aprobando dicho acto en una asamblea general de delegados durante el período del presidente de la comunidad, Eugenio Pasache Aquino. El citado presidente señaló al respecto, que nunca se llevó a cabo dicha asamblea, incluso se advirtió la falsificación de firmas y el error en la consignación del DNI y nombres y apellidos de los comuneros que firmaron dicha acta", se lee en la acción judicial.
"Esa acción fraudulenta y de mala fe condujo a la vulneración de los derechos de acceso a la tierra y al territorio ancestral", agregan.
Los terrenos fueron cedidos luego por esos 100 comuneros en forma de aporte capital a la empresa Pampa Loma Vega E.C.S.A, como consta en el acta de inscripción de predios rulares de 2002.
Lo que acusan las comunidades y sus representantes legales en el amparo es que luego los terrenos se inscribieron en favor de otros privados, permitiendo que la transferencia inicial dudosa se legitimara.
De acuerdo al mismo recurso de amparo y a información registral pública, los terrenos estuvieron en manos de al menos siete propietarios antes de que la Asociación Civil San Juan Bautista comprara parte de ellos en 2012.
La organización sin fines de lucro y de identidad católica afirma que adquirió los terrenos en cuestión de acuerdo la ley.
La entidad compartió con BBC Mundo el comprobante de la inscripción de los predios rurales en que detallan que los adquirieron vía compraventa a sus propietarios legales en ese momento.
También compartieron extractos de la Escritura Pública del Contrato de Compraventa, Cancelación de Deuda y Levantamiento de Hipoteca, en que se detalla que adquirieron la propiedad por un monto de US$ 2.029.973,40.
Consultada por el caso, la Asociación Civil San Juan Bautista "rechaza categóricamente las acusaciones de despojo de tierras".
"En torno a este caso se ha venido construyendo una narrativa que busca atribuir responsabilidades a la ACSJB sin sustento jurídico ni verificación de los hechos", afirma el vocero y abogado de la firma, Percy García Cavero.
La asociación fue constituida en 1991 y fue fundada por uno de los líderes del Sodalicio en Perú y exarzobispo de Piura, José Antonio Eguren, quien luego sería expulsado de la organización por decisión del Vaticano poco antes de que resolviera suprimirla.
El prelado dejó su cargo en la Asociación Civil San Juan Bautista en 2001. Sin embargo, la organización mantuvo una relación de colaboración con el Sodalicio de Vida Cristiana durante años. Un ejemplo de ello fueron las misiones canónicas que se fundaron al alero de los cementerios de la asociación, cuya administración y labor pastoral fue asumida por la suprimida organización religiosa.
Consultados sobre el vínculo con el Sodalicio de Vida Cristiana, la entidad reconoce el vínculo de colaboración, pero recalca que la Asociación es un organismo "completamente independiente".
"Si bien comparte una identidad católica y ha tenido relaciones de cooperación con el Sodalicio de Vida Cristiana, no existe ni ha existido vínculo jurídico, patrimonial ni de subordinación institucional entre ambas entidades", enfatiza García Cavero.
"Esa narrativa ha sido impulsada públicamente por el señor Jordi Bertomeu, pese a que la ACSJB ha respondido de manera expresa, documentada y sucesiva a dichas imputaciones en nuestros comunicados desde el año 2024", agrega la empresa.
Eguren también ha negado cualquier vinculación con este caso.
"Es falso que sea un personaje en una trama de tráfico de tierras en Piura. No ha existido ni existe ninguna investigación en mi contra por tráfico de tierras. No he tenido ni tengo en la actualidad, ninguna denuncia policial, fiscal o judicial en mi contra por usurpación o tráfico de tierras. (...)", escribió en un pedido de rectificación al diario La República en 2025.
El punto de inflexión
El traspaso de los terrenos en 1998 no tuvo un impacto tangible en las comunidades.
Pero eso cambió en diciembre de 2011.
Los comuneros dicen que ese mes se sorprendieron al ver a varios grupos de desconocidos instalando cercos en predios que consideraban propios.
Carlos Rodríguez, quien asesoró legalmente a la comunidad de Catacaos desde la Coordinadora de Derechos Humanos, aseguró que ante esto "se agruparon y tiraron abajo el cerco".
Pero luego volvieron a levantarlo. "Y cuando los grupos advirtieron esto y los enfrentaron, lo que recibieron fue como respuesta disparos", dice Rodríguez.
Es en ese incidente donde se reportó la muerte del comunero Guadalupe Zapata Sosa.
Su esposa fue una de las presentes en la misa del sábado 23 de mayo en Catacaos. Acudió junto a sus dos hijos.
Zapata fue reconocido por el Vaticano como uno de los "líderes indígenas fallecidos tras oponerse activamente al tráfico de tierras vinculado a empresas del Sodalicio", como consta en el comunicado que emitieron tras la homilía en su sitio de prensa oficial.
De acuerdo a Rodríguez, la causa por la muerte de Sosa Zapata fue archivada por la justicia peruana en 2014 sin condenas.
"Las operaciones se realizaron dentro del circuito legal"
La Asociación Civil San Juan Bautista destaca que ellos adquirieron los terrenos posterior a la controversia y que no compraron la propiedad a la comunidad campesina ni intervinieron en el proceso de transferencia inicial.
"Las adquisiciones de tierras en la zona de Catacaos se realizaron en el año 2012 mediante compraventas a propietarios que figuraban como titulares legítimos en Registros Públicos, conforme al marco jurídico vigente en el Perú".
"Estas operaciones se realizaron dentro del circuito legal, con trazabilidad registral, y forman parte de un proceso de transferencias previas entre particulares", afirma García Cavero.
"La eventual controversia sobre el origen o validez de las transferencias previas —incluyendo aquellas que involucraron a comuneros— es anterior a la intervención de la Asociación y no puede ser atribuida a esta institución", agregan.
Sobre el caso de Guadalupe Zapata Sosa, la organización también ha rechazado cualquier vínculo con los enfrentamientos que terminaron con su fallecimiento.
"Ocurrió en el año 2011 en el contexto de un enfrentamiento producido durante un proceso de desalojo en el Asentamiento Humano Miguel Grau, en una situación ajena a la participación de la Asociación Civil San Juan Bautista", afirman.
Sobre la misa ofrecida por Bertomeu, la asociación señala que "respeta profundamente el valor espiritual y pastoral de toda acción religiosa", pero destaca que "resulta preocupante que, en el marco de estos actos, se haya contribuido a presentar como hechos probados acusaciones que nuestra institución ha rechazado y respecto de las cuales ha expuesto públicamente su posición".
La empresa denuncia una campaña de difamación por parte del representante del Vaticano respecto de este caso y ya presentó dos querellas en su contra en España por delitos de injurias y calumnias.
"No se dejen robar la tierra"
La reciente disculpa de rodillas dio continuidad al mensaje que el papa Francisco emitió en abril de 2024 a la comunidad de Catacaos.
"Yo sé lo que les pasó a ustedes. Defiendan la tierra, no se la dejen robar", dijo el máximo pontífice en esa oportunidad.
Un año antes, algunos miembros de la comunidad denunciaron lo que describieron como una persecución judicial por parte de los dueños legales de los predios en el marco de la investigación canónica que llevaron adelante Jordi Bertomeu y Charles Scicluna.
Estas denuncias fueron reiteradas por miembros de la comunidad en la solicitud de amparo presentada ante los tribunales.
En el escrito alegan que entidades con conexiones entre sí y con el Sodalicio de Vida Cristiana, presentaron denuncias en contra de algunos comuneros por diversos delitos.
Lo mismo denunciaron ante Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, quien visitó Perú a inicios de 2020, como consta en su Declaración de Fin de Misión.
La decisión de disolver en 2025 al Sodalicio de Vida Cristiana fue sustentada por el Vaticano, entre otras razones, por el presunto abuso en la administración de los bienes eclesiásticos, abuso de autoridad y encubrimiento de delitos.
Bertomeu asegura que, tras dos años de indagatorias, "en el Vaticano ha emergido la sospecha, a partir del análisis de la documentación económica que el mismo Sodalicio nos envió, de que este grupo habría operado tras una pantalla jurídica, tomando decisiones económicas a través de intermediarios o testaferros".
La periodista Paola Ugaz, quien ha indagado por años los vínculos económicos del Sodalicio, afirma que la agrupación religiosa desplegó un sofisticado mecanismo para enriquecerse en Perú.
"Ellos son como un gran holding que tiene empresas lucrativas como inmobiliarias, constructoras, agroexportadoras y, a su vez, empresas no lucrativas, como universidades, colegios y cementerios. Pero entre ellas tienen negocios entre sí", dice la reportera.
Y agrega que el movimiento religioso se aprovechó del concordato que lo eximía de pagar impuestos para abultar sus ganancias.
La arista judicial
De acuerdo con la Coordinadora de Derechos Humanos, en 2022 fueron archivadas las causas que había contra algunos de los miembros de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos.
Pero en marzo pasado los comuneros sufrieron un revés judicial.
La justicia peruana rechazó un recurso de amparo constitucional que buscaba, entre otras medidas, la restitución de las casi 10.000 hectáreas que, denuncian, les fueron despojadas.
En su resolución, el Quinto Juzgado Civil de Piura declaró improcedente la demanda, aunque sin entrar al fondo del asunto. La decisión fue apelada, pero la Segunda Sala Civil de Piura confirmó el fallo.
Según la defensa de los comuneros, la Sala justificó su decisión en que el caso se relaciona con un "supuesto actuar ilícito de comuneros en contubernio con una empresa privada", tratándose así de una controversia de "relevancia legal y no constitucional".
Pero Rodríguez asegura que la vía civil no es una alternativa por los tiempos de prescripción.
"Lo que se alega en el amparo es que esta es una comunidad indígena y como tal tiene protección constitucional y también del convenio 169 de la OIT, que garantiza que los pueblos indígenas sean consultados para la transferencia de sus territorios", afirma.
Recientemente la Comunidad San Juan Bautista de Catacaos fue incorporada en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura de Perú.
Ahora, dicen los comuneros, solo les queda recurrir al Tribunal Constitucional del país, instancia en la que tampoco alojan demasiadas esperanzas.
Para Ugaz -quien también fue querellada por la cúpula del Sodalicio tras publicar junto al periodista Pedro Salinas el libro en que revelaron los abusos de poder y sexuales cometidos por sus miembros, Mitad monjes, mitad soldados-, la justicia peruana ha fallado a las víctimas en este caso.
"El poder comercial, económico y político del Sodalicio está vivito y coleando, por más que han sido suprimidos por la iglesia católica", dice.
Bertomeu coincidió en que la justicia peruana debe hacer más.
"Hemos detectado un país con una grave crisis institucional y esto hace que la denuncia de los comuneros de Catacaos, como la de otros pueblos originarios, pueda tener visos de realidad. La vulnerabilidad de las comunidades originarias ante la avidez de algunos empresarios debería ser tomada con más consideración por parte de las autoridades políticas y judiciales del Perú", afirmó.
BBC Mundo se puso en contacto tanto con la Fiscalía de Perú como con el Poder Judicial para pedirles una versión sobre las acusaciones de las comunidades en este caso. Hasta la publicación de este artículo aún no habían dado una respuesta.
De no obtener un veredicto favorable en las instancias internas que quedan pendientes, las familias afirman que evalúan recurrir a organismos internacionales.
Pero por ahora se quedan con la disculpa del Vaticano y esperan una eventual visita del Papa León XIV a Perú a fines de este año.
El Vaticano les ha prometido un camino de reparación no solo simbólica, sino también económica.
Bertomeu explicó que aún está pendiente la liquidación de los activos económicos que poseía el Sodalicio, con los que la Santa Sede busca compensar a las víctimas que han presentado su reclamación.
"Con los bienes del Sodalicio hay que reparar a sus víctimas porque ellos son los que han causado los daños", señaló.
*Este artículo ha sido actualizado para aportar mayor claridad y reflejar con mayor precisión las posturas de las partes involucradas.
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